Polémica por la Ley de Medios en Ecuador

Asociación ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) cree que la intención del Ejecutivo de elaborar una ley de Comunicación, tal y como se dispone en la nueva Constitución, pretende acallar las críticas contrarias al oficialismo. El titular de esa organización, Jaime Mantilla, calificó al gobierno del presidente Rafael Correa como «fascistoide» y apuntó que con la elaboración de la ley por parte de la Asamblea Nacional, «el Ejecutivo tiene por objetivo fundamental…. la eliminación de cualquier capacidad disidente en el país».

El presidente de la organización sostiene que, como la nueva Constitución (aprobada en septiembre de 2008) estableció la necesidad de elaborar una regulación a la comunicación, lo correcto sería «buscar una forma de hacer una ley muy simple que reúna los conceptos existentes» en la regulación ecuatoriana.

Ante esta opinión, la asambleísta oficialista María Augusta Calle, integrante de la comisión encargada de trabajar en el proyecto de ley, asegura que la comunicación «se ha convertido en un ejercicio determinante en la sociedad actual» y por ello es «necesario» organizarla.

En una entrevista con radio Sonorama, Calle destacó que la ley debe contemplar la evolución tecnológica de los medios de difusión y evitar la brecha digital que pueda producir una exclusión en el acceso a la información de grandes grupos de la sociedad. También hizo hincapié en la necesidad de realizar «un debate serio» en torno al tema y determinar con «claridad» la «profesionalización» de los actores de la comunicación.

A su juicio, en Ecuador existe un «pésimo nivel del quehacer periodístico» y hay que trabajar para mejorar esa condición. Por ello, la regulación de contenidos que propugna la propuesta oficialista va en la línea de construir una «televisión que aporte, que no deforme». Eso sí, afirmó que el sector «sí debe» de tener una regulación, lo que «no supone control» o «censura».

En el proyecto presentado por Rolando Panchana, asambleísta del partido de Gobierno Alianza País, se resalta en varios artículos que el ejercicio informativo se realizará sin «censura previa y con responsabilidad ulterior»; un hecho éste último que Calle ve como relevante, puesto que los periodistas tienen que «asumir responsabilidad» sobre el trabajo que realizan. 

El nuevo proyecto legal, que comenzará a debatirse en pocos días en el Legislativo, sumó expectativas entre los sectores de la comunicación que, pese a que defienden una reforma a la ley vigente a la que consideran «atrasada», temen que se convierta en una forma de control del Gobierno sobre el ejercicio periodístico.

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